miércoles, 1 de julio de 2009

Modelo Final



Este paso es necesario para aclarar de mejor forma la idea que se propone, que como se ha dicho anteriormente, consiste en la modificación de ciertos artículos de la ley N°19300 sobre bases generales del medio ambiente, específicamente de las áreas correspondientes a las comisiones regionales del medio ambiente y a la participación ciudadana, con el fin de mejorar el sistema y que se respete la misión de SEIA que dice relación sobre la protección del medio ambiente, mediante la aplicación de normas ambientales. El objetivo principal de esta herramienta es disminuir la influencia política y económica, dando mayor énfasis a la componente ambiental y social, generando beneficios en la población, dando la posibilidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y evitando de esta forma un deterioro en la salud de las personas, siendo un factor de importancia al aumentar la calidad de vida de la población en general.

Variables del Proyecto

A partir de la explicación de los fundamentos es que se dará paso a un nuevo nivel que dice relación con la identificación de variables que involucra esta idea sobre la modificación de ciertos artículos de la ley N°19300, para que de esta forma haya un mayor grado de imparcialidad en la toma de decisiones, ya que estas están altamente influenciadas por la opinión del gobierno y sus representantes en estos organismos (CONAMA), generando grandes falencias en la institucionalidad ambiental. Por tal motivo se debe permitir la posibilidad de que la ciudadanía tenga injerencia en la toma de decisiones con respecto a las medidas tomadas en un territorio específico, para que exista pleno acuerdo entre las partes involucradas, y se genere un beneficio mutuo, tanto para el empresariado, aparato estatal como la población en general.
Para dar solución a estas problemáticas, es que se proponen variables que permitan cambiar la situación actual de estos órganos estatales, teniendo como consecuencia una mayor eficiencia por parte de estos.
La primera de estas variables tiene que ver con la Apoliticidad, que se refiere a la abstención de orientación política por parte del funcionario público, asegurando de esta forma la objetividad e imparcialidad de la gestión de la CONAMA, en un plano macro y la COREMA a nivel local. Esto se consigue con la exclusión del intendente en labores administrativas que tienen relación con su cargo de presidente en las respectivas COREMAS que existen a nivel nacional, asegurando una total objetividad al evaluar un determinado proyecto, que finalmente repercutirá en la componente social (comunidad) y en la componente ambiental (medio ambiente).
En la actualidad, la participación ciudadana es considerada en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), por medio de artículos, los cuales contemplan que se debe dar la oportunidad de que la comunidad sea informada por intermedio del diario oficial y las respectivas municipalidades, y junto con ello tener la posibilidad de formular observaciones a determinados proyectos contemplados en el SEIA. Esta instancia es positiva pero no suficiente, porque existe una molestia generalizada por parte de la población que queda al margen de cualquier decisión que se tome en el territorio, en cuanto a la aprobación o rechazo de determinados proyectos que causen un impacto considerable en el estado del medio ambiente. Por lo cual, resulta prioritario modificar estos aspectos del SEIA, que tan sólo consideran la información y opinión y dejan de lado la participación directa de la población, esto se lograría por medio de nuevos mecanismos que admitan una mayor injerencia en la toma de decisiones por parte de la comunidad, es decir un mayor grado de incidencia, permitiendo de esta forma que la ciudadanía se sienta participe de las decisiones tomadas en el territorio, mejorando de este modo la percepción de estos hacia la CONAMA, conduciendo a un mejor funcionamiento de este sistema que en sus albores fue creado velar por la protección al medio ambiente.

Fundamentos de la Idea de Proyecto

La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, es un servicio público, que cuenta con una serie de funciones, revistiendo mayor relevancia aquellas que se refieren a proponer políticas ambientales, informar sobre el cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental; administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, así como el proceso de elaboración de normas de calidad ambiental y emisión; y actuar como un organismo de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materia ambiental.

En cuanto a la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), se han manifestado y realizado una serie de acciones que no velan por el cumplimiento de la normativa ambiental, y que dan visto bueno a una gama de proyectos que en condiciones normales no debiesen ser aprobados. Esto quiere decir, que en innumerables oportunidades se han aprobado proyectos, pese a los perjuicios que estos pueden traer al medio ambiente. El tema de fondo es ¿Por qué motivo se aprueban?. Simplemente porque se privilegian aspectos económicos y políticos, en vez de los sociales y ambientales. Esto queda de manifiesto a la hora de que se dio luz verde al proyecto de la termoeléctrica ubicada en el sector de Campiche perteneciente a la comuna de Puchuncaví (Región de Valparaíso), por citar sólo un ejemplo. En donde la mismísima corte suprema falló en contra de la implementación de esta planta termoeléctrica esgrimiendo que las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo un gran revés para AS GENER S.A. y la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA), en especial para esta última ya que aclara las irregularidades que suceden en este organismo, que no cumple con uno de sus principales objetivos que se encuentran en el Artículo 1 de la ley N°19300 sobre bases generales del Medio Ambiente, que expresa “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente y la preservación de la naturaleza” [1].

Salta a la vista que en este caso, primó el aspecto económico, ya que dicha planta generaría 270 MW de potencia, utilizados en el sistema interconectado central (SIC), dejando en un segundo plano la componente social y ambiental.

Estas medidas tomadas por la COREMA de la región de Valparaíso, no cumplen con el principio de Apoliticidad que trata sobre “la prescindencia de orientación política por parte del funcionario público, que asegure la imparcialidad y objetividad de la gestión pública”[2]. Pese al fallo de la Corte Suprema, la COREMA defiende y apoya la construcción de la planta termoeléctrica mencionada anteriormente, atentando de esta forma la institucionalidad ambiental que detenta la COREMA.

Debido a estos acontecimientos que han acaecido en el tiempo, es necesario modificar ciertos puntos de la ley N°19300 sobre bases generales del Medio Ambiente, pese a que esta fue modificada recientemente en el año 2007 por la ley N°20173.

Los aspectos centrales que debiesen ser modificados, dicen relación con la presidencia de la COREMA que está a cargo del Intendente regional respectivo, esto tiene su razón de ser porque este al ser un funcionario público, le da preponderancia a aspectos económicos y/o políticos, como dar mayores puestos de trabajo y desarrollo a la región, dejando en un segundo plano la componente ambiental, que es una de las funciones principales que ejerce la COREMA y la CONAMA, a nivel regional y nacional, respectivamente. Ciertamente, la creación de puestos de trabajo que generarán mayores oportunidades en el plano laboral a la población son aspectos importantes a considerar, pero chocan con la labor de este organismo estatal, siendo ineficiente en su misión que corresponde a velar por la protección y conservación del medio ambiente junto con crear políticas en el plano ambiental. Por lo cual se propone un cambio en el Artículo 81 de la ley N°20173, que dice que las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, estarán integradas por el Intendente, quien la presidirá. Este cambio solucionaría la serie de problemas que se generan a la hora de aprobar o rechazar determinados proyectos, porque prevalecen los intereses políticos por sobre los ambientales.

También es pertinente que se respeten los demás artículos que contiene esta ley, porque al aprobar este proyecto se paso por encima los artículos 1 y 2, que tratan sobre el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable en cuanto al proceso de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que no se cumplen y al parecer no se consideran como motivos de peso en estos casos.

Junto con un cambio en estos artículos, resulta prioritario mejorar el nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones con respecto a proyectos que produzcan algún desmedro al estado del medio ambiente, generando no sólo desventajas en este aspecto, sino que también afectando la salud de las personas, disminuyendo de esta forma su calidad de vida. Esto se refleja en la molestia por parte de la comunidad, que considera que sus opiniones no son consideradas por la COREMA o CONAMA, (dependiendo del caso), al momento de aprobar o rechazar proyectos.

Bibliografia
[1]CONAMA,Ley sobre bases generales del medio ambiente.[en línea]. Santiago, Chile.2007.[visto 30 de Junio].pag 2. Disponible en línea
http://www.sinia.cl/1292/articles_26087_ley_bases.pdf
[2]CONARA,Proceso de regionalización, descentralización y desconcentración en Chile.[en línea]. Santiago, Chile.1986.[visto 29 de Junio]. pag 4. Disponible en línea
http://www.subdere.gov.cl/1510/articles_69201_recursos_1.pdf

Redireccionamiento Idea de Proyecto

Actualización de Clases

Jueves 18 de Junio

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Jueves 11 de Junio


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Jueves 4 de Junio

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Jueves 28 de Mayo

miércoles, 3 de junio de 2009

sábado, 23 de mayo de 2009

Experiencia de planificación participativa en General Roca

Síntaxis en base a dimensiones, escalas y niveles
Análisis: Dimensión Temporal-Social-Territorial dado en una Escala Local
Hasta 1999, la ciudad de General Roca no contaba con una normativa sistematizada para ordenar el uso de suelo urbano y rural. Este motivo gatilló la crisis económica en la década del 90 en el Alto Valle, que se reflejó en parte por el aumento de barrios marginales en la periferia de la parte norte del canal de abastecimiento de agua principal, que precisamente era la zona que era utilizada en la actividad fruti hortícola, por lo cual eran zonas geomorfológicamente inestables y en donde no se contaba con servicios básicos ni infraestructura necesaria, para permitir el uso residencial. Sus habitantes en general provenían de un estrato socioeconómico bajo, los cuales no tenían acceso a un hábitat de calidad. Este problema también se presentaba en núcleos dispersos cercanos a tierras productivas utilizadas en la agricultura, lo que trajo consigo el abandono de estas áreas rurales por parte de los agricultores. Esto generó un mayor conflicto entre los sectores productivos y residenciales.
Este problema involucra tanto una dimensión temporal y en una escala local, por la falta de una debida planificación urbana rural que normará el uso del suelo, lo que se explica por la inoperancia del aparato público que no era capaz de dar respuesta a las problemáticas antes mencionadas. También considera una dimensión social, ya que esta serie de problemas a que se veían expuestos una gran cantidad de población, en especial de escasos recursos, produjo un llamado de alerta para una gama de organizaciones públicas y privadas, que comenzaron a promover un nuevo plan que solucionará de una vez por toda la situación precaria en que se encontraba una parte de la población de General Roca. Según Santos “por ser diferentes, los pobres abren un debate nuevo, inédito, a veces silencioso, a veces ruidoso, con las poblaciones y las cosas ya presentes” [1]. No menos importante resulta ser la dimensión territorial, porque este problema radica por una falta de normativas en relación al uso del suelo, lo que produjo un aumento de población en zonas rurales dedicadas eminentemente a la agricultura, siendo la actividad económica más importante de la ciudad.

Modelación: Dimensión Territorial-Social-Temporal, dado en una Escala Micro.
En diciembre de 1999, la Municipalidad de General Roca promovió un nuevo modelo para las políticas públicas, abierto a la participación de organizaciones. "Los sistemas de poder, inherentes a la acción de las grandes organizaciones, desempeñan una función importante en la construcción de las estructuras organizativas "[2].
Si bien la iniciativa partió de la administración municipal, la articulación con el proceso de De Sur trajo consigo el Foro De Sur, instancia que estaba conformada por más de 30 entidades públicas y privadas, que formularon este plan, y que permitió la participación directa de organizaciones y vecinos en la administración local, que pese a no tener experiencia en este tipo de acciones, tomaron un papel activo en este proceso que generó una capacidad de autogobierno y de toma de decisiones.
En Junio del año 2000 se da inició a esta nueva iniciativa que entre sus prioridades contaba con ordenar el hábitat y el crecimiento de la ciudad, considerando la actividad productiva, uso residencial, especulación inmobiliaria y la desigualdad en el acceso legal de suelo por parte de los sectores vulnerables; y generar herramientas con el fin de una mayor desarrollo de la ciudad y una administración participativa del hábitat. Este plan se consideró como una oportunidad de mejorar todos aquellos aspectos negativos que se habían arrastrado desde la década del 90, por la irresponsabilidad de aquellos que estaban a cargo de la planificación de la ciudad en esos años.
Esta modelación se realiza en base a una dimensión territorial, con una escala local que consideraba a la ciudad como eje de nuevas propuestas que irían en directo beneficio de ella, con el fin de terminar con los problemas que acarreaba una falta de planificación urbana y rural en General Roca. Además queda de manifiesto que junto a esta dimensión territorial se presenta una social en torno a la multiplicidad de actores que se ven involucrados en la realización de esta iniciativa que condujeron a un mejor funcionamiento en el marco de un crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Acción: Dimensión Territorial-Social. Escala Micro a Meso.
El Plan Director Roca (PDR) en la ciudad generó una serie de mejoras en torno a las condiciones de vida de las personas, en la inclusión de múltiples actores entre los que destaca la organización social e instituciones y en la capacidad institucional en el ámbito local. Junto a estas mejoras se lograron cambios en las estrategias políticas y locales, en el uso y la asignación de los recursos humanos, técnicos y económicos, en la toma de decisiones fomentando la organización de los vecinos en asociaciones, con el consiguiente cambio en el comportamiento y las actitudes de la población, porque adquirieron mayor injerencia a la hora de tomar decisiones en el plano territorial.
Queda de manifiesto que la dimensión territorial es la que adquiere mayor relevancia, mediante un proceso de multiescalaridad. Según Santos “la palabra escala debería estar reservada al área de incidencia y en ese sentido se puede decir que la escala es un dato temporal y no propiamente espacial; o aún mejor; que la escala varía con el tiempo, ya que el área de incidencia viene dada por la extensión de los acontecimientos” [3]. En este sentido producto de los efectos positivos que logró el PDR, como herramienta para dar solución a una serie de problemáticas en torno a la planificación urbana rural que tuvo implicancias no sólo en el ámbito territorial, sino que también en el plano social, por lo cual comenzó esta iniciativa comenzó a repetirse en una serie de ciudades del entorno de General Roca, y en ciudades de gran tamaño poblacional, como por ejemplo, Neuquén, Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia.
En definitiva el Plan Director de Roca, a nivel local produjo una gran incidencia, por las características mencionadas anteriormente, generando extrapolación, en forma de reacciones en cadena en una gama de ciudades del resto del país en una escala meso.
“Esa combinación de fines y de medios, de objetivos finales y objetivos intermedios, cambia a lo largo del tiempo. Por ello, también cambia la superficie de incidencia, el área de incidencia, la situación y su extensión. Vista de ese modo, la escala es un límite y un contenido que está cambiando, al calor de las variables dinámicas que deciden el devenir regional o local. Así las situaciones geográficas se crean y se recrean” [4].





Bibliografía:
Planificación participativa del hábitat de General Roca: PDR (Argentina). [en línea]. Disponible en la World Wide Web: http://habital.aq.upm.es/bpal/onu04/bp2496.html
[1] Santos, M. La Naturaleza del Espacio. Editorial Ariel. Barcelona. 1° edición. 2000. [citado 22 de Mayo de 2009]. p.277
[2] Santos, M. La Naturaleza del Espacio. Editorial Ariel. Barcelona. 1° edición. 2000. [citado 22 de Mayo de 2009]. P 229
[3] Santos, M. La Naturaleza del Espacio. Editorial Ariel. Barcelona. 1° edición. 2000. [citado 22 de Mayo de 2009]. P.128
[4]Santos, M. La Naturaleza del Espacio. Editorial Ariel. Barcelona. 1° edición. 2000. [citado 22 de Mayo de 2009]. p.128